El Gobierno ha aplazado por tercera vez la entrada en vigor de Verifactu hasta octubre de 2028 con el fin de coordinar su implantación con la factura electrónica obligatoria.
Esta prórroga otorga un margen de dos años adicionales a pymes y autónomos con el objetivo de reducir sus costes administrativos, facilitando una transición digital unificada hacia la directiva europea ViDA, que llegará en 2030.